El nuevo modelo de vivienda "público-privada" que pretende desarrollar el Gobierno de Castilla-La Mancha busca que los jóvenes mileuristas que accedan a este tipo de pisos no tengan que destinar a su compra más del 30 por ciento de sus recursos económicos.
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha explicado a Efe que el perfil predominante entre los 40.000 demandantes de vivienda que hay en la comunidad autónoma es el de una pareja joven y mileurista que busca su primera vivienda.
Por ello, el plan ideado por la Consejería es que las viviendas de iniciativa público-privada (VIPP) cuesten entre 130.000 y 160.000 euros, un precio superior a las de protección pública, pero que permitirá a sus compradores asumir una hipoteca de entre 500 y 600 euros.
Los promotores renunciarán a un significativo margen de beneficios respecto al que obtendrían en el mercado libre, pero, a cambio, contarán con la doble garantía anunciada por el presidente regional, José María Barreda: no sólo obtendrán la financiación para construir las casas, sino también el compromiso de la Administración de que ninguna vivienda se quedará sin vender.
Al tiempo, el Gobierno regional seguirá impulsando la construcción de vivienda protegida para satisfacer la demanda de los sectores más necesitados de la sociedad, que carecen de los recursos suficientes para acceder a este tipo de viviendas.
El consejero ha avanzado que el acuerdo propuesto por Barreda a los agentes sociales y económicos de la comunidad estará firmado en dos semanas y sus primeras medidas comenzarán a aplicarse antes del verano.
Para ello, además de acometer diferentes reformar legales, entre ellas de la de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), el Gobierno prevé una inyección de liquidez en el sistema financiero para solventar el problema de financiación que podrían encontrar los constructores.
También se creará en próximas fechas una empresa pública de gestión del suelo, instrumento que será fundamental a la hora de poner suelo a disposición de los empresarios con más agilidad y a precios asequibles, más aún cuando la principal demanda de vivienda se concentran en las capitales de provincia, donde el suelo es más escaso y caro.
Sánchez Pingarrón ha considerado precipitado calcular qué esfuerzo económico deberá realizar el Gobierno para poner en marcha el plan y cuántas viviendas se construirán bajo esta nueva tipología, aunque ha dejado claro que se harán "todas las que sean necesarias".
El consejero ha dejado claro que la propuesta de Barreda no invalida las dos grandes promesas en materia de vivienda de su programa electoral: la construcción de 50.000 viviendas públicas en la actual Legislatura y la aprobación este año de una ley que garantice el acceso a la vivienda en un plazo de doce meses.
Ese fue la exigencia que planteó el Partido Popular a la hora de sumarse al gran acuerdo propuesto por José María Barreda en sede parlamentaria el pasado jueves y que, de momento, cuenta con el visto bueno de los empresarios y sindicatos de la región.
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